Un análisis del sistema actual revela la necesidad de reformas estructurales, financiamiento sostenible y estrategias de prevención para atender el envejecimiento poblacional y la creciente demanda de servicios.
Por Roxanna K. Rosario-Serrano, BHE, MS
Pasada Directora Ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES)
Principal Oficial y Asesora en temas de Salud de Cetura Group, LLC
El acceso a la salud es un derecho humano que, en los Estados Unidos y Puerto Rico, ha sido privatizado bajo la estructura de seguros. Al menos el 92% de la población, tanto en la nación como en Puerto Rico, accede a sus servicios a través de una cubierta privada o financiada mediante fondos público-privados.
Los límites en cubierta, las terapias escalonadas y los procesos de preautorización han sido barreras señaladas por los constituyentes para acceder libremente a su cuidado médico. ¿Sería un sistema de salud universal la solución a esto? \
¿Qué aspectos habría que considerar?
Según la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico (OPAL), el 35% del presupuesto del gobierno está destinado al sector de la salud. Aproximadamente $11 mil millones se distribuyen para servicios administrados entre 26 agencias, y el 70% de esos fondos proviene de fuentes federales.
Entre estos, el seguro para personas médico-indigentes Medicaid y Medicaid Dual representa un 43% de la población. Utilizar estos fondos en un modelo universal requeriría cambios en la regulación federal de Medicare y Medicaid, así como la identificación de otras fuentes de financiamiento que sostengan el cuidado de salud para condiciones como diabetes, hipertensión, cáncer, obesidad y enfermedades cardíacas, entre otras, que predominan entre los 3.2 millones de habitantes, a un costo per cápita aproximado de $5,200 anuales.
También es necesaria la integración de un componente robusto de prevención primaria que, a futuro, pueda transformar el perfil de salud actual, garantizando eficiencia gubernamental sin sacrificar la calidad clínica en el presente y promoviendo la calidad de vida entre los constituyentes. A nivel estructural, es imperativo atender el reto de la retención del personal médico y de especialistas en la isla.
Según la American Association of Medical Assistants (AAMA), solo se retiene el 72% de los graduados, con baja representación en especialidades de alta necesidad. Además, la disponibilidad de hospitales públicos —o acuerdos con los privados— en regiones claves para atender la demanda de servicios requiere una estructura tarifaria sostenible a largo plazo para la red de proveedores en general que sirva al modelo de servicios.
Países en Europa y Asia, con una participación laboral superior al 70%, han logrado ofrecer estos sistemas de forma sostenible durante años; sin embargo, esto ha requerido legislación con modelos de contribuciones mixtas o primas compartidas entre el Estado, los constituyentes y los patronos. Por lo tanto, la pregunta que prevalece es: ¿Está Puerto Rico listo para este cambio?
