La medida es parte de un paquete legislativo enfocado en salud, justicia y rehabilitación social
San Juan (EFE) – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, anunció este miércoles que firmó cuatro nuevas leyes, entre ellas, una que beneficie que ningún ciudadano americano residente en la isla se vea privado de servicios de salud por razón de su alto costo.
Según explicó González en un comunicado, la Ley 23-2025 dispone que los planes médicos del mercado individual que actualmente están cobijados bajo la política de transición promulgada en noviembre de 2013 por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. puedan renovarse de manera indefinida y establecer requisitos.
Otra ley firmada por González es la Ley 21-2025, que obliga a los jueces a tomar un adiestramiento sobre las actualizaciones y cambios en políticas y procedimientos relacionados a la prevención de casos de violencia machista.
Dicha ley ordena a los jueves a que dos veces al año tomen adiestramientos sobre el tema de violencia doméstica, y sobre los cambios en políticas y procedimientos relacionados a la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.
La tercera ley que firmó González fue la Ley 24-2025, que enmienda la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, a los fines de incluir a los inspectores de la Oficina de Sustancias Controladas del Departamento de Salud en la definición de agente del orden público.
Dicha división es la encargada del control de la fabricación, distribución, dispensación y disposición de sustancias controladas en Puerto Rico, que consiste en la expedición de un registro a esos efectos, así como de la fiscalización de dichos registrados y otros individuos o establecimientos que estén incumpliendo con las leyes y normas que regulan las sustancias controladas.
Finalmente, la gobernadora estampó su firma en la Ley 22-2025, que restituye la facultad del Departamento de Corrección y Rehabilitación para expedir el certificado de rehabilitación y capacitación para trabajar.
Este documento estaba antes bajo la Ley 37-2004, que fue derogada, y desde entonces ha habido una incertidumbre sobre cómo proceder con la otorgación de esos certificados.
Además, permite el empleo de exconfinados en el servicio público municipal, salvo por las excepciones enumeradas en la Ley, en aras de fomentar su reinserción en la comunidad como personas productivas y útiles y restaurar el daño ocasionado a la víctima y a la sociedad.
A tales fines, también se crea en el Departamento la Oficina de Colocación de Empleos para ofrecer servicios en cuanto a empleos de confinados y exconfinados que extingan sus penas en la libre comunidad y/o se beneficien de algún programa de desvío, libertad a prueba o bajo palabra y/o supervisión electrónica, o que ostenten un Certificado de Rehabilitación y Capacitación para Trabajar.
