La Comisión de Salud busca establecer estándares de seguridad y dar al Departamento de Salud más herramientas de fiscalización
SAN JUAN, Puerto Rico — La Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, presidida por el senador Juan Oscar Morales, inició el miércoles la evaluación del Proyecto del Senado 971, una medida que busca crear la “Ley para la Regulación Integral de los Servicios Estéticos y Sueroterapia en Puerto Rico” para establecer una política pública sobre procedimientos que impactan la salud de la ciudadanía.
Morales sostuvo que la medida busca atemperar el marco legal local a prácticas ya reguladas en 48 estados, ante la proliferación de centros de estética, med spas y establecimientos de sueroterapia que operan en la Isla sin parámetros regulatorios definidos.
En este primer encuentro comparecieron Roberto Pérez Báez, presidente del Colegio de Especialistas en Belleza de Puerto Rico; Romary Rodríguez Rojas, presidenta de la Asociación Pro-Colegio de Esteticistas de Puerto Rico; y la profesora Glendaliz Alicea Rodríguez, de Gold Goddess Skin Institute.
El senador denunció que ha recibido información sobre clínicas clandestinas que operan de manera informal y que, en ausencia de supervisión, han ocasionado daños físicos severos a personas que acuden a estos lugares en busca de alternativas estéticas de bajo costo, sin conocer los riesgos.
“No podemos permitir que la búsqueda de un tratamiento estético se convierta en una tragedia por la falta de supervisión profesional. Este proyecto pretende proteger la vida y la salud pública de nuestra gente frente a prácticas que operan al margen de la ley”, dijo Morales.
El Proyecto del Senado 971 propone controles sobre la formación del personal y requisitos de infraestructura, incluyendo áreas de preparación estéril y equipo para emergencias, según detalló el legislador.
“Este proyecto no busca limitar la empresa, sino garantizar que quien se someta a un procedimiento lo haga en un ambiente seguro, con productos autorizados y bajo la supervisión de un profesional de la salud debidamente licenciado”, añadió.
La medida también persigue atender complicaciones asociadas a prácticas realizadas por personal sin capacitación clínica, una situación que, según se expuso en la vista pública, ha sido objeto de alertas por parte de autoridades federales. El esfuerzo da continuidad a la labor de la Comisión de Salud, que anteriormente investigó la práctica ilegal de la dermatología bajo la Resolución del Senado 107.
“Al igual que detectamos riesgos graves en la práctica ilegal de la dermatología, el Proyecto del Senado 971 viene a cerrar las brechas legales que permiten el ejercicio no autorizado de la medicina estética en la Isla”, sostuvo Morales.
El proyecto otorga al Departamento de Salud la facultad de realizar inspecciones no anunciadas y emitir órdenes de cese inmediato. Además, plantea que la falta de un marco legal específico en Puerto Rico ha abierto la puerta a intervenciones con potencial riesgo, debido al uso de productos inyectables y soluciones intravenosas.
Morales adelantó que las próximas audiencias profundizarán en el consentimiento informado y en la creación de un registro de complicaciones adversas. La ley propuesta incluye penalidades administrativas de hasta 10,000 dólares por infracción, además de la posible revocación de licencias y el cierre permanente de establecimientos.
“Estamos ante una situación crítica que requiere una intervención firme para asegurar que los servicios de salud estética en Puerto Rico cumplan con los más altos estándares de seguridad y transparencia”, concluyó el senador.
