Organizaciones que habían solicitado el veto advierten que la medida podría impactar la práctica médica y el acceso a servicios clínicos en Puerto Rico
SAN JUAN, Puerto Rico – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, firmó este jueves una medida que enmienda el Artículo 92 del Código Penal para establecer que el término “ser humano” incluirá al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno, una decisión que ha reactivado la preocupación de organizaciones vinculadas a la salud reproductiva.
La legislación busca complementar otra ley aprobada recientemente que declara asesinato en primer grado la muerte intencional de una mujer embarazada cuando ello resulte también en la muerte del concebido. Según el Gobierno, el propósito es armonizar las disposiciones civiles y penales.
Sin embargo, antes de la firma, la Alianza por el Acceso a Servicios Esenciales de Salud Reproductiva —integrada por Taller Salud, Proyecto Matria, ProFamilias, Mujeres Ayudando Madres y Hispanic Federation— solicitó públicamente el veto del Proyecto del Senado 923 y una audiencia en La Fortaleza para discutir sus implicaciones .
En su comunicado, las organizaciones advirtieron que el cambio en la definición del delito de asesinato podría generar incertidumbre legal para profesionales de la salud y abrir la puerta a la criminalización del aborto en Puerto Rico . Asimismo, señalaron que limitar o confundir el acceso a terminaciones de embarazo podría retrasar la atención médica y crear barreras para decisiones que, a su juicio, deben ser clínicas, informadas y personales .
El debate ocurre en un escenario jurídico complejo. Tras la anulación en 2022 por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos de la sentencia conocida como Roe v. Wade, el aborto dejó de estar protegido como derecho fundamental bajo la Constitución federal. No obstante, en Puerto Rico ha sido interpretado como amparado bajo el derecho constitucional a la intimidad.
Posibles consecuencias señaladas por organizaciones opositoras:
- Incertidumbre legal para médicos y otros profesionales de la salud.
- Apertura a la criminalización del aborto en la isla.
- Riesgo para la vida y la salud de mujeres y personas gestantes.
- Retrasos en la atención médica por temor a repercusiones penales.
- Creación de barreras adicionales para acceder a servicios de salud reproductiva seguros.
- Afectación a la autonomía reproductiva.
- Posibles controversias legales y retos constitucionales en los tribunales.
