Las nuevas medidas eliminan impuestos sobre inventario de medicinas recetadas y exigen revisiones dentales anuales en centros de cuidado
SAN JUAN (EFE) – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, firmó este domingo dos leyes enfocadas en un mejor acceso a la salud, garantizando un mayor inventario de medicamentos recetados y una revisión bucal anual a las personas de edad avanzada.
La Ley 78-2025 enmienda el Código Municipal de Puerto Rico para eximir del pago de contribución sobre propiedad mueble los medicamentos recetados.
“La aplicación del impuesto al inventario es especialmente injusta cuando nos referimos a los medicamentos con receta. Los medicamentos con receta no pagan el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) y, por las mismas razones de política pública, tampoco deben estar sujeto a ninguna contribución municipal”, lee la medida.
Según la misma, los medicamentos recetados son una necesidad vital para cada paciente; y por eso es “política pública de esta Administración aumentar la disponibilidad, el acceso y disminuir el costo de estos”.
La ley busca garantizar un mayor inventario de medicamentos recetados en Puerto Rico eximiendo esta categoría de productos del pago del impuesto al inventario.
El tener que pagar un impuesto al inventario sobre estos medicamentos disuade que las farmacias tengan mayor cantidad de medicamentos disponibles en su recetario, atrasando así el despacho a los pacientes.
Además, el impuesto al inventario es un costo que la farmacia no puede pasarle al paciente y tienen que absorberlo de sus ganancias.
Esta situación afecta de manera sustancial y desproporcionalmente a las farmacias de la comunidad, dado que el 90 % de su venta provienen del recetario (medicamentos con receta) y solo un 10 % de medicamentos sin receta y productos de góndola.
La Ley 79-2025 enmienda la Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada para hacer mandatorio que cualquier persona que ingresa a un asilo, centro de cuido o facilidad de cuidado prolongado, se le requiera un examen oral y cumpla con al menos una revisión bucal anual certificada por un dentista.
Según un estudio del 2023, realizado por el Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico, muchos de los adultos mayores albergados en asilos y centros de cuido tienen lesiones, cáncer, dentaduras que no habían sido removidas en periodos tan extensos como tres años, entre otros factores de riesgo nocivos para la salud.
“La necesidad de esta ley radica en la responsabilidad compartida de la sociedad y el Estado de cuidar a quienes no pueden cuidarse por sí mismos”, señala la medida.




