Recortes de fondos, envejecimiento poblacional y desigualdades plantean desafíos sin precedentes para los administradores de servicios de salud
El sistema de salud de Puerto Rico atraviesa una coyuntura crítica marcada por la inestabilidad de los fondos federales, el envejecimiento acelerado de la población y el aumento sostenido de enfermedades crónicas que requieren atención especializada y recursos cada vez más limitados. La presidenta del Colegio de Administradores de Servicios de Salud (CASS), Lcda. Jessica Losa, advirtió que los próximos años implicarán decisiones difíciles y cambios profundos en la manera en que se planifican y se ofrecen los servicios.
“Si se materializan los recortes al Medicaid y al Medicare, la población quedará descubierta de esos fondos. Van a recortar beneficios y hay que ver que podamos cubrir las necesidades estrictamente médicamente necesarias”, afirmó. Losa explicó que los planes de salud y las organizaciones se verán obligados a establecer procesos de excepción más rigurosos, que podrían traducirse en insatisfacción de los pacientes y un aumento en las querellas.
La complejidad demográfica añade otra capa de desafío. “Puerto Rico tiene una población cada vez más envejecida, con múltiples comorbilidades como diabetes e hipertensión. La gente no se hace las pruebas preventivas, y cuando llegan al sistema ya están en etapas crónicas que requieren muchos más medicamentos y tratamientos”, sostuvo. En su visión, esta situación hace urgente promover una cultura de prevención y educación continua para evitar que el costo de la atención siga aumentando.
Según explicó, los administradores tendrán que asumir un papel más activo en educar sobre el uso adecuado de los servicios y en establecer prioridades claras. “Antes, podíamos autorizarte un MRI cuantas veces fuera necesario. Ahora, si los fondos se recortan, va a haber que determinar qué es estrictamente necesario. El control de utilización va a ser crítico en todas las organizaciones”, apuntó.
Además de las restricciones presupuestarias, destacó que Puerto Rico enfrenta una paradoja única: “Nos miden con los mismos estándares regulatorios de los estados, pero somos una isla con limitaciones económicas profundas y una epidemiología distinta. Cada región, sea rural, urbana o costera, tiene realidades diferentes. No podemos atender de la misma manera a un niño, a un adulto joven o a un envejeciente”.
Frente a este panorama, insistió en que la única estrategia viable es la colaboración activa entre sectores. “Tenemos que anticipar escenarios, porque las decisiones que tomemos hoy determinarán si podremos sostener los servicios que nuestra población necesita”, expresó. Subrayó que la articulación de alianzas con hospitales, planes médicos, fundaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales será indispensable para mantener la accesibilidad y la calidad de los servicios de salud.
La licenciada también recordó que si no se logra la paridad en los fondos federales, el impacto será mucho mayor que en otros territorios. “Si el presupuesto no llega al número que tiene que ser, vamos a tener muchas personas sin protección de seguro médico, y los hospitales también necesitan su ingreso para poder seguir operando. No hay manera de que esto no repercuta en todo el sistema”, explicó.
Para ella, parte de la solución pasa por fortalecer el mensaje de prevención y responsabilidad compartida. “La gente tiene que entender que si no nos cuidamos, vamos a estar crónicamente enfermos y vamos a gastar más. Esto no es solamente un problema de las aseguradoras. Somos una población envejecida, con muchas condiciones crónicas. Y los recursos no salen de la nada”, afirmó.
Finalmente, reiteró que es momento de asumir un liderazgo más proactivo y transparente. “Aquí habrá que hacer reuniones, sesiones de trabajo, explicar claramente por qué se toman las decisiones y cómo se priorizan los servicios. Porque si no, la percepción será que se trata de recortes indiscriminados, cuando la realidad es que estamos en un escenario de fondos finitos”, concluyó.
